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Pagó gobierno de Oaxaca mil 600 MDP para mantener ‘orden social’ en los últimos siete años

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Pagó gobierno de Oaxaca mil 600 MDP para mantener ‘orden social’ en los últimos siete años

“Ya me chingaste wey”, fueron las últimas palabras de Rodolfo

Foto: Reuters/Jorge Luis Plata

“Ya me chingaste wey”, fueron las últimas palabras de Rodolfo, según los testigos, quien fue asesinado el lunes 2 de noviembre de 2020 por uno de sus paisanos en un enfrentamiento derivado de un conflicto electoral a nivel municipal. 

Rodolfo Díaz Jiménez, habitante del municipio de San Baltazar Loxicha, en la región de la Sierra Sur de Oaxaca, murió al recibir un disparo en el pecho. El indígena zapoteca encabezaba uno de los grupos que desde hace un año lucha por anular la elección municipal, donde fue electo como presidente Atenógenes Jiménez Martínez.

Inmediatamente, Flavio Sosa Villavicencio, líder de la organización social Comuna, fundada en 2015, dijo que Díaz Jiménez era uno de sus compañeros por lo que pidió justicia. Como este conflicto, en el estado de Oaxaca se contabilizan decenas, ya sea de índole electoral, religioso o agrario.

Sosa Villavicencio es hermano del actual diputado local por el partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), ambos se autodenominan activistas sociales y han alcanzado puestos de poder, gracias a sus acciones de protesta y bloqueos. Su accionar inició desde hace décadas, pero se catapultó en el conflicto social y magisterial del 2006, donde fueron la cara visible de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO).

El bando en el poder de San Baltazar Loxicha acusó inmediatamente a Comuna de desestabilizar la región, señalando intereses económicos. No ha sido la primera vez que Sosa Villavicencio es culpado de perturbar la paz social en diferentes municipios oaxaqueños: en San Bartolo Coyotepec, San Antonio de la Cal y San Raymundo Jalpan, todos en la región de Valles Centrales, y sólo por mencionar algunos, sucedió lo mismo.

En Oaxaca se paga por “paz”

El Gobierno del Estado de Oaxaca, encabezado actualmente por Alejandro Murat Hinojosa, y su antecesor, Gabino Cue Monteagudo, destinaron, a través de la Secretaría General de Gobierno (Segego), mil 649 millones 652 mil 387.7 pesos a un rubro denominado Gobernabilidad Democrática, según dicta en los avances de gestión anuales de la Secretaría de Finanzas (Sefin) estatal.

El dinero es destinado a las zonas de conflicto, con el objetivo de calmar tensiones y evitar violencia, bloqueos o marchas. Como en San Baltazar Loxicha, los líderes sociales ofrecen su apoyo, casi siempre por una tajada del “pastel”. Pero las consecuencias van más allá de dinero. La sangre casi siempre se hace presente, como el caso de Adolfo Díaz Jiménez.

El mismo presidente en funciones de este municipio oaxaqueño, que se rige bajo el Sistema Normativo de Usos y Costumbres, renunció al cargo y fue víctima de desplazamiento forzado, junto a su familia; sus seguidores fueron humillados en la plaza principal de la comunidad, obligándolos a leer consignas en contra de sus ideales. Muchas veces, los conflictos terminan en masacres. El asesinato de 15 personas en San Mateo del Mar, en el Istmo de Tehuantepec, el 22 de junio del 2020 es el ejemplo más claro.

Un modo de vida

Según la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) en Oaxaca existen 167 sindicatos de obreros y la Secretaría de Gobernación contabiliza dos mil 187 asociaciones civiles, esto hasta el 2020.

Sin embargo, los más radicales ni siquiera aparecen en los registros, como el mismo Comuna o el Movimiento de Unificación y Lucha Triqui (MULT), la Unión de Bienestar Social de la Región Triqui (Ubisort), el momento de Unificación y Lucha Triqui (MULTI), el Frente Popular 14 de Junio, entre muchos otros.

Aunque no existe un registro oficial a nivel estatal de bloqueos, marchas o plantones, el municipio de Oaxaca de Juárez si realiza este ejercicio, siendo que en el tercer trimestre del 2020 registraron cuatro de estos eventos diarios, 351 en total, según lo informa en la Plataforma Nacional de Transparencia.

Hasta el 2018, de las organizaciones sociales registradas en Oaxaca, la Confederación de Trabajadores de México (CTM) domina la escena con 17 sindicatos aliados, a las cuales pertenecen dos mil 176 socios.

La Confederación Revolucionaria de Obreros y Campesinos (CROC) alberga a seis sindicatos, 663 socios y la Confederación Regional Obrera Mexicana (CROM) tiene a 14 sindicatos con 888 socios. Hay que resaltar que la Federación Revolucionaria de Trabajadores del Estado de Oaxaca, sólo registra a un sindicato con dos socios.

La Confederación Autónoma de Trabajadores y Empleados de México (CATEM) es una organización reciente en Oaxaca, pero que ha tomado fuerza en la entidad, sobre todo desde el punto de vista oficial, “protegiendo” con sus agremiados, los eventos del Murat Hinojosa, sobre todo sus informes de gobierno. Como independientes se autodenominan 19 sindicatos que albergan a dos mil 368 socios.

Corrupción a la vista

“Hoy el Estado Mexicano tiene que pagar por restablecer el control del poder y del dinero”, dicta el estudio, Corrupción y los Grupos de Poder en México, del investigador Salvador Alejandro Hernández Aguilar.

La publicación califica a las organizaciones sociales como una de las tantas formas de corrupción que existen en México, los cuales toman la protesta pública como estandarte de defensa de las causas justas, sin embargo, lleva consigo un interés de fondo que consiste en debilitar a la estructura del gobierno, obtener recursos económicos, fomentar el desorden y la anarquía, secuestrando la tranquilidad social de las mayorías.

“El fenómeno de la corrupción se presenta con el ‘chantaje’ que ejercen algunos grupos sociales, que en el falso ejercicio de la ‘causa legítima’, obligan al Estado a entregarle recursos económicos, en caso contrario, ejercen actos de violencia que afectan la gobernabilidad y la paz social e impiden la correcta aplicación de la ley, generando impunidad”, destaca Hernández Aguilar.

En este trabajo se detalla que los mediadores, quienes en su mayoría son servidores públicos, se aprovechan de este desorden social y fomentan la proliferación de estas organizaciones y son estos funcionarios los que ordenan clandestinamente las protestas.

La CNTE, en otra liga

La Sección 22 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) es otro de los grupos sociales que han disfrazado causas sociales para obtener beneficios económicos en México y en Oaxaca, según argumenta la publicación la Corrupción y los Grupos de Poder en México.

Con sus más de 80 mil miembros, la Sección 22 realiza paros anuales con el propósito, dicen, de obtener mejoras educativas y salariales, aunque a decir de la investigación de Hernández Aguilar, “el gobierno en complicidad con el sindicato magisterial, están vulnerando el bien superior del menor, de los niños, niñas y adolescentes, como es el acceso a la educación, al conocimiento y a la dignidad en la formación de las personas”.

Siendo Oaxaca uno de los estados más pobres del país, los recursos son destinados a organizaciones que hallaron y aprovechan las debilidades de los gobernantes en turno, incapaces de otorgar paz social y prevenir la violencia.

GASTO POR AÑO EN GOBERNABILIDAD DEMOCRÁTICA 

2019  154 millones 765 mil 811.23 pesos

2020 157 millones 732 mil 733.27 pesos.

2013-2018  1,337 millones 153 mil 843.2 pesos 

total
1,649 millones 652 mil 387.7 pesos 


NUMERALIA 

167 Organizaciones sociales registradas ante la STPS en Oaxaca 

2783 Organizaciones de la sociedad civil registradas ante la Segob 

4 Bloqueos diarios ocurren en la ciudad de Oaxaca 

351 Bloqueos registró el municipio de Oaxaca de Juárez en tres meses del 2020 

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