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La autoridad no reconoce el problema de la inseguridad: Francisco Rivas

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La autoridad no reconoce el problema de la inseguridad: Francisco Rivas

El combate al delito sigue siendo incipiente porque hay debilidad institucional, señala el director del Observatorio Nacional Ciudadano

El combate al delito sigue siendo incipiente porque hay debilidad institucional, señala el director del Observatorio Nacional Ciudadano

El severo problema de inseguridad en el país no es un asunto de percepción, sino de datos duros oficiales que hablan de un crecimiento de prácticamente todos los delitos, aseveró el director del Observatorio Nacional Ciudadano, Francisco Rivas, quien señaló que en México el combate al delito sigue siendo incipiente porque hay debilidad institucional.

Dijo que, de acuerdo con las cifras de octubre pasado, el homicidio crece más de 22%, robo con violencia 37%, robo a negocio casi 32%, robo a transeúnte 30%, robo de vehículo 15% y extorsión 14%; es decir, todos los delitos considerados de alto impacto han venido creciendo.

Expuso que las cifras muestran particularmente dos aspectos muy negativos: primero, que el homicidio alcanza su mayor tasa si comparamos los primeros 10 meses de este año contra los primeros 10 meses desde 1997, es decir las tasa de homicidios por cada  100,000 habitantes ya superó la del 2011, que era considerado el año más violento de la historia de México.

Mencionó que, desafortunadamente, no se puede identificar un hecho elocuente que esté generando esta escalada de violencia, aunque se sabe que las causas son multifactoriales.

Además, remarcó, hay una distorsión de la información que no permite tampoco entender específicamente si hay un factor.

“Yo creo que son un conjunto de factores porque, entre otras cosas, no sólo encontramos un crecimiento de todos los delitos, sino también encontramos una atomización de la violencia en todo el país”.

En ese sentido destacó que ahora hay entidades que los números exhiben como violentas cuando antes eran seguras como Aguascalientes y Baja California Sur, Querétaro y Quintana Roo, por no hablar de Colima, que eran entidades históricamente seguras y que hoy se encuentran en los primeros lugares de violencia a nivel nacional.

Incluso explicó que hay entidades en los que se había recuperado la paz, como es el caso de Baja California y Chihuahua, donde los crecimientos en la incidencia delictiva de nuevo son acentuados.

Además hay entidades que ya llevan tiempo sumidas en la violencia como Tamaulipas, Tabasco, Guerrero, entre otras.

Desde la perspectiva del especialista, existen algunos factores que estarían influyendo en el incremento de la inseguridad. El primero es el ejercicio que ha hecho la Federación de descabezar a las bandas de delincuencia organizada sin tocar la estructura, lo cual ha generado, por un lado, guerras en los grupos criminales por quedarse  con el control de la organización, y, por otro, guerras entre bandas que tratan de hacerse del poder en el territorio local.

Otro factor, dijo,  es que seguimos sumidos en la corrupción, en la incapacidad de muchas autoridades, porque pese a las enormes cantidades de presupuesto que se han gastado con el fin de implementar medidas para revertir esa situación no han funcionado.

“No hay evidencia de que hayan podido generar ese cambio que los mexicanos esperamos y nos merecemos”.

Lo grave, añadió, es que pese a las enormes cantidades de recursos públicos que se han destinado para ese fin no ha pasado mucho alrededor de cómo se encuentran equipadas las policías, de cómo son tratados los elementos o de las competencias tanto de policías, peritos y ministerios públicos.

Francisco Rivas mencionó que una de las cosas que desde el principio estuvo mal diagnosticada fue la relación entre la información pública y los datos de incidencia delictiva.

Para la actual administración el tema de la seguridad parecía ser un asunto de relaciones públicas: si tú no hablas de un problema, el problema desaparece, cosa que no es así.

Recordó que eso ocurrió cuando organizaciones de la sociedad civil le hicieron ver al presidente Peña Nieto que estaba creciendo exponencialmente el secuestro y la autoridad trató de convencernos de que no era cierto, pero al final tuvieron que aceptar que en verdad estaba ocurriendo ante la elocuencia e irrebatibilidad de los registros sobre ese delito. Agregó que el 2013 terminó como el peor año en materia de secuestro y extorsión de la historia de nuestro país. El problema, reiteró, es que cada da vez hemos visto a las autoridades reconocer su corresponsabilidad en esta materia.

COMBATE A LA INSEGURIDAD

Estamos siendo muy golpeados por la inseguridad: Ignacio Manjarrez
Hechos delictivos como el asesinato del directivo de Televisa e Izzi, Adolfo Lagos, le pega  no sólo al gremio empresarial, sino a toda la sociedad mexicana que día a día es víctima de la falta de seguridad, refiere el presidente de la Comisión Nacional de Seguridad de la Coparmex.
Avatar de Lidia Arista Lidia Arista
02 de diciembre de 2017, 10:32
Estamos siendo muy golpeados por la inseguridad: Ignacio Manjarrez
La inseguridad pública en México no sólo no ha mejorado, sino que es evidente de que no existe una estrategia eficiente del gobierno para atender el problema, y lo más grave es que la autoridad está evadiendo su responsabilidad, planteó Ignacio Manjarrez.

En entrevista, el presidente de la Comisión Nacional de Seguridad de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), aseguró que hechos delictivos como el asesinato del directivo de Televisa e Izzi, Adolfo Lagos, le pega no sólo al gremio empresarial, sino a toda la sociedad mexicana que día a día es víctima de la inseguridad pública.

Lo más grave, sostuvo, es que la autoridad está evadiendo su responsabilidad. “Los primeros que no quieren reconocer su responsabilidad son los gobernadores. Para los gobernantes es muy cómodo decir: fue el crimen organizado (…) Los políticos todo relacionan con el crimen organizado, pero aquí es donde los empresarios decimos: calma, no todo es crimen organizado”.

Manjarrez Ayub señaló que en este sexenio se ha intensificado el problema de seguridad pública y así lo reflejan incluso las cifras oficiales. Dijo que de acuerdo con cifras del Secretariado Ejecutivo en estos últimos cinco años se han registrado 8,000 homicidios más de los acontecidos durante el mismo periodo de la administración de Felipe Calderón. Llamó la atención que las cifras oficiales, se calcula, sólo representan entre 15 y 18% de los delitos verdaderamente registrados.

El empresario mencionó que la inseguridad tiene graves afectaciones para la Iniciativa Privada, no sólo por los delitos de los que son víctimas, también por los recursos que gastan en seguridad, además de que la delincuencia  inhibe la inversión.

“Estamos siendo muy golpeados el sector empresarial en lo que tiene que ver con las actividades económicas por los delitos (…) Es muy caro lo que nos cuesta la inseguridad en el país”.

Dijo que de acuerdo con la Encuesta Nacional de Victimización de Empresas realizada por el Inegi, el sector empresarial tuvo pérdidas o robos por 138,900 millones de pesos; para cuidarse de la inseguridad los empresarios, dijo, destinan alrededor de 73,300 millones de pesos.

“La obligación de los gobierno es de cuidarnos en nuestros bienes y personas. Simple y sencillamente la autoridad no está cumpliendo con una obligación constitucional que está escrita y eso es grave. Hay una omisión por parte de los gobernantes porque deberían garantizarnos seguridad, pero están siendo omisos por diferentes situaciones. Exigimos como sector empresarial que la autoridad haga lo que le corresponde; no le estamos pidiendo un favor”.

Un error, desaparecer la SSP

Ignacio Manjarrez dijo que el sector empresarial, más que preocupado, se ha ocupado en plantear algunas soluciones para el problema de inseguridad; sin embargo, ha faltado voluntad política de la autoridad para considerar esos planteamientos.

Opinó que fue una mala decisión haber desaparecido la Secretaría de Seguridad Pública para concentrar sus tareas en la Secretaría de Gobernación. “Vemos que al paso del tiempo no fue una decisión correcta, porque siguen los delitos, no se ve mejoría, hay un incremento”.

Dijo que hace un año, la Coparmex planteó la desincorporación de la Comisión Nacional de Seguridad de la Segob para dar paso a una instancia descentralizada que cuente con autonomía y presupuesto propio, algo similar, dijo, a la CFE y Pemex, pero en materia de seguridad pública.

“El secretario de Gobernación tiene que tratar muchas otras cosas: atender a gobernadores, a diputados, a Iglesia, etcétera. Es una supersecretaría en la cual la parte de seguridad no puede esperar a que se tomen decisiones lentas, se tiene que actuar en consecuencia de una forma rápida”.

Otro de los planteamientos de Coparmex, dijo, es aprobar la Ley de Seguridad Interior, porque  no es posible que a 10 años de que el Ejército esté en las calles efectuando tareas de seguridad pública no exista un ordenamiento legal de su proceder.

“¿Qué pasó con todo el recurso que se le inyectó en 10 años para capacitación, para mejoramiento de las policías, dónde quedó? Por lógica no fue bien invertido, puesto que en 10 años no vemos los resultados. El Ejército debería estar cumpliendo sus funciones propias y deberíamos tener policías bien entrenadas”.

Asimismo, el empresario destacó que pidieron la aprobación del Mando Mixto para que se estableciera bajo qué criterios se puede solicitar la intervención del Ejército para tareas de seguridad pública.

Indicó que el hecho de que sus planteamientos no hayan sido tomados en cuenta por la autoridad competente responde a que no hay voluntad política, pero sobre todo a que el ámbito electoral ya contaminó la agenda pública.

“Consideramos que es voluntad política tanto del legislativo como del Ejecutivo. Como sector empresarial hemos estado buscando un eco, pero no ha habido. Se lo atribuyo a una falta de voluntad política en la que los políticos están inmersos en sus prioridades electorales y no están cumpliendo con esa función de servidores públicos que deberían estar para servir a los problemas que tenemos”.

lidia.arista@eleconomista.mx

 

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